Juzgado colombiano condena a directivos de Chiquita Brands por financiar paramilitarismo
El Juzgado de Antioquia condena a siete directivos de Chiquita Brands por financiar al paramilitarismo, marcando un hito en la justicia colombiana.
Sentencia histórica en Medellín sanciona nexos de Chiquita Brands con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Foto EFE
24 de julio de 2025 Hora: 00:24
El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado del departamento colombiano de Antioquia dictó una sentencia histórica al condenar a siete altos directivos de la multinacional Chiquita Brands por su vinculación con el paramilitarismo en el país.
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Los procesados, identificados como Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser y Álvaro Acevedo González, fueron sentenciados a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. Además, se les impuso una multa de 13.879 millones de pesos.
El fallo, emitido el 22 de julio de 2025, establece que Chiquita Brands realizó más de 100 pagos ilegales al Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el paramilitar Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, como enlace principal entre la empresa y el grupo armado.
La sentencia, radicada bajo el número 05000-31-07-000-2020-00005, señala: “Esta judicatura, advirtiendo profiriendo fallo de rigor, dentro del proceso que se adelanta en contra de los ciudadanos [nombres de los procesados] por el delito de concierto para delinquir agravado, no vislumbra circunstancias generadoras de invalidez total o parcial de la actuación”.
La decisión llega a dos meses de que el caso prescribiera, marcando un hito en la justicia colombiana tras años de impunidad en el país, pese a que la empresa ya había sido sancionada en Estados Unidos en 2007 por hechos similares.
La resolución del juzgado subraya la competencia para emitir el fallo en primera instancia, conforme al capítulo IV transitorio, artículo 5 de la Ley 600 del 2000. Este proceso judicial responde a las demandas de verdad y justicia de las víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes han exigido claridad sobre el rol de actores económicos en la financiación de grupos paramilitares.
La condena representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad, al reconocer los nexos entre Chiquita Brands y las AUC, responsables de graves violaciones a los derechos humanos en regiones bananeras del país.
El fallo se produce en un contexto en el que la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos continúan abogando por la reparación integral de las víctimas del conflicto.
La sentencia no solo sanciona a los directivos involucrados, sino que también visibiliza el impacto de las prácticas de empresas multinacionales en la dinámica del conflicto armado colombiano.
La comunidad internacional y los organismos de justicia seguirán atentos a los desarrollos de este caso, mientras persisten los llamados a garantizar verdad y justicia para las víctimas del paramilitarismo en Colombia.
Autor: teleSUR - odr- SH
Fuente: Agencias
