El Gobierno de Colombia, a través de la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, reiteró este sábado su exigencia a Ecuador de establecer un protocolo bilateral que garantice el respeto a los derechos humanos de los colombianos deportados desde territorio ecuatoriano.

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La solicitud se produce tras la expulsión unilateral de al menos 603 connacionales entre el viernes y el sábado, en lo que Colombia calificó como una acción «inamistosa» e irregular.

La ministra Villavicencio confirmó que entre miércoles y jueves se espera el arribo de un nuevo grupo de deportados al Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera entre ambos países.

Según información oficial, hasta ahora han sido deportados 543 hombres y 60 mujeres, quienes recibieron atención humanitaria inmediata, incluyendo verificación de identidad, control migratorio, verificación de antecedentes y asistencia alimentaria.

A pesar de que el Gobierno ecuatoriano no notificó previamente sobre las deportaciones, la Cancillería colombiana activó los protocolos establecidos y movilizó a autoridades locales y nacionales para garantizar una recepción organizada y digna de los retornados.

En su declaración desde Rumichaca, la canciller encargada afirmó que «las personas han sido atendidas con la debida dignidad y empatía», y que se les ha informado sobre sus derechos y deberes como retornados.

Colombia también denunció que, hasta el momento, Ecuador solo ha remitido una lista parcial con 300 nombres, sin información complementaria, mientras se proyecta la llegada de al menos 493 personas más en la próxima semana.

La acción de Quito fue confirmada mediante un comunicado del Ministerio del Interior ecuatoriano, el cual indicó que el proceso de deportación forma parte de su política de «garantizar la seguridad interna y el orden público». Según las autoridades ecuatorianas, la medida incluye la deportación de hasta 1.000 colombianos recluidos en cárceles de distintas provincias del país.

El proceso fue sustentado en un acuerdo ministerial suscrito el pasado 2 de julio, y ejecutado a través de audiencias administrativas que se realizaron durante el mes en curso. Las boletas de excarcelación fueron emitidas en un plazo de 24 horas por jueces ecuatorianos, tras lo cual se procedió al traslado inmediato de los detenidos a territorio colombiano por el Puente de Rumichaca.

Desde Bogotá, el Gobierno del presidente Gustavo Petro rechazó la medida, señalando que ignora las reiteradas solicitudes diplomáticas para establecer un protocolo conjunto que regule los términos de cualquier proceso de repatriación o deportación masiva.

La canciller Villavicencio insistió en que Colombia seguirá promoviendo un acuerdo que respete lo dispuesto por la Ley 2136 de 2021, que regula el retorno y la atención de migrantes colombianos desde el exterior, y subrayó la necesidad de un calendario claro y coordinado que evite afectaciones a los derechos fundamentales de los connacionales.

La situación ha generado inquietud en sectores de derechos humanos y organismos internacionales, que han comenzado a solicitar mayor transparencia y respeto al debido proceso en las acciones migratorias emprendidas por Ecuador.

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