Organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y defensores de derechos colectivos en Ecuador denunciaron la reciente decisión del Gobierno del presidente, Daniel Noboa, de fusionar el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas, medida que fue oficializada por decreto ejecutivo.

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La reestructuración estatal, que también incluyó la eliminación de otras carteras, es vista como un retroceso histórico en la protección del ambiente y los derechos de la naturaleza. Los críticos señalan que la entidad encargada de expandir la minería y el ingreso de petroleras ahora también será responsable de garantizar la defensa de bosques, páramos, fuentes de agua y territorios indígenas.

En esta misma línea, existe una preocupación creciente por un posible aumento de conflictos socioambientales, una profundización de las políticas extractivistas y un debilitamiento de mecanismos constitucionales cruciales como la consulta previa, libre e informada.

Esta controvertida fusión se produce a menos de un año del histórico plebiscito del Yasuní – ITT, donde la ciudadanía ecuatoriana votó mayoritariamente por mantener el petróleo bajo tierra y no explotar los campos petroleros de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní.

En este sentido, la disolución del Ministerio del Ambiente contradice este mandato popular y es percibida como una estrategia para facilitar el avance de industrias extractivas, especialmente en zonas protegidas.

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