Previo a las elecciones municipales del próximo 27 de julio, el Gobierno venezolano alertó en reiteradas ocasiones sobre acciones destinadas a impedir el desarrollo normal del proceso democrático. Las amenazas no vienen únicamente desde dentro; redes criminales, mercenarios extranjeros y figuras de la ultraderecha local articulan una guerra híbrida diseñada desde Washington y replicada por operadores en la región, según denuncias oficiales.

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El ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello comunicó de recientes detenciones, como la de paramilitares (provenientes de Trinidad y Colombia), así como la de bandas delictivas locales. Esto, según afirmó Cabello, confirmó la existencia de una trama desestabilizadora.

En uno de los casos más recientes, cuatro miembros de la banda “Los Chevrolets” fueron capturados con planes de atacar centros electorales en el estado Aragua. Antes, fueron detenidos 38 mercenarios —17 extranjeros y 21 venezolanos— involucrados en un plan para sabotear los comicios legislativos y regionales del 25 de mayo.

La red también era integrada por militantes del partido opositor Primero Justicia y de Voluntad Popular, así como a mercenarios contratados por empresas privadas vinculadas con Erik Prince, fundador de Blackwater.

La oposición frustrada

La inteligencia venezolana sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia orquestada por el Comando Sur de EE.UU., con respaldo de figuras como María Corina Machado y el expresidente colombiano Álvaro Uribe. El objetivo sería generar caos simultáneo en varios frentes, desde atentados urbanos hasta campañas de desinformación, para justificar una intervención extranjera y desconocer los resultados del proceso electoral.

En paralelo, sectores radicales de la oposición no cesan en su pedido a Estados Unidos de intervenir en Venezuela, ya sea con una invasión militar o el pedido de nuevas sanciones contra el país. Estas medidas, promovidas por el Departamento del Tesoro estadounidense, están promovidas en la actualidad por figuras como Marco Rubio, con el objetivo de deteriorar la estabilidad del bolívar, bloquear acuerdos comerciales y profundizar la crisis con fines políticos.

A ello se suma la difusión internacional de narrativas falsas que vinculan al Estado con crisis migratorias o con fabricación de armas en alianza con países como Irán. Según el gobierno, estas campañas tienen como fin aislar diplomáticamente a Venezuela y alimentar escenarios de guerra psicológica.

La figura de María Corina Machado ha sido clave en esta cruzada. Sin embargo, el oficialismo considera que Machado abandonó la vía democrática al apostar por la injerencia extranjera. Se le acusa incluso de «ofrecer el país a potencias extranjeras» a cambio de apoyo político y financiero. Mientras tanto, su discurso público alimenta expectativas insurreccionales sin mostrar un plan político viable.

Pese a los intentos, el presidente Nicolás Maduro ha reafirmado que el país elegirá con soberanía y en paz. Los organismos de seguridad han desarticulado decenas de intentos de sabotaje, demostrando su capacidad de respuesta ante una oposición que, sin base popular ni propuesta política, apuesta una vez más por el conflicto.

La estabilidad política, considerada por el oficialismo como condición indispensable para avanzar en la recuperación nacional y garantizar derechos sociales, es considerada como una base fundamental para su desarrollo. Por eso el echo de que las elecciones del próximo 27 de julio se lleven adelante en paz será un logro ante los numerosos intentos de desestabilitación externa e interna promovida por la derecha anti-política del país.

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