Las declaraciones del nuevo embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, provocaron una tormenta política y diplomática. Durante su presentación ante el Congreso de EE. UU., el funcionario —sin experiencia diplomática previa— prometió respaldar al presidente Javier Milei en las próximas elecciones y aseguró que trabajará para que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner “reciba la justicia que merece”, en alusión directa a su encarcelamiento.

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Lamelas, médico y miembro del influyente lobby cubano-estadounidense de Miami, afirmó además que uno de los principales problemas del país sudamericano es su estructura federal: “Hay 23 provincias que pueden negociar con potencias como China, lo que favorece la corrupción”. También vinculó a Fernández de Kirchner con el caso AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman, a pesar de la falta de pruebas judiciales que sustenten tales afirmaciones.

En línea con el discurso de Milei, el embajador designado defendió una agenda de “occidentalización”, advirtiendo que su misión será limitar la presencia del Partido Comunista Chino y privilegiar los intereses de empresas estadounidenses. En su intervención, calificó a Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán como amenazas para Argentina, y posicionó a Estados Unidos e Israel como aliados estratégicos clave.

La embajada china respondió con dureza, acusando a Lamelas de emitir juicios ideológicos propios de la Guerra Fría. «Argentina no debe ser un campo de batalla para potencias extranjeras», declaró la misión diplomática.

Las repercusiones internas no tardaron. Gobernadores, legisladores y dirigentes de la oposición rechazaron sus dichos y exigieron que se declare a Lamelas persona no grata. Entre sus primeras decisiones, el embajador ya había prohibido el ingreso a EE. UU. de Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

Mientras tanto, Milei participó en Córdoba de la llamada “Derecha Fest”, un acto marcado por consignas antiizquierda, entradas a 35 mil pesos (unos 28 dólares) y discursos contra el periodismo. Allí volvió a cargar contra su vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien llamó “bruta traidora”, tras el reciente respaldo del Senado a leyes impulsadas por los gobernadores, a quienes el mandatario tildó de “populistas”.

El episodio ocurre en medio de una profunda crisis económica, con reservas menguantes en el Banco Central y nuevas exigencias del FMI para destrabar un nuevo préstamo. Mientras avanza el plan de privatizaciones, el escenario político y social argentino se torna cada vez más tenso.

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