El reconocimiento de Palestina como Estado se ha transformado en uno de los debates geopolíticos más calientes y polarizadores, tanto en el seno de las Naciones Unidas como en el escenario diplomático global. Esta disputa, en lugar de restringirse a un tema de fronteras o soberanía, muestra un entramado complicado de intereses políticos, ideologías de fe, compromisos históricos y la carga del derecho internacional.    

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En la actualidad, tres cuartas partes de los países miembros de la ONU reconocen oficialmente a Palestina, lo que incluye más de 140 naciones, y ha tenido un proceso formal de respaldo desde 1988, cuando la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) estableció el Estado palestino. No obstante, el reconocimiento continúa alejándose del acuerdo global, particularmente entre las naciones occidentales y los principales aliados de Israel.

Históricamente, el reconocimiento de Palestina ha estado sujeto a la presencia de un proceso de paz sólido y a la posibilidad de una solución de dos Estados, en la que un Estado palestino en el futuro conviviría pacíficamente con Israel.    

No obstante, el estancamiento del proceso de paz, el crecimiento de las colonias israelíes en los Territorios Ocupados y el conflicto persistente en Gaza han impulsado a múltiples naciones a adelantar el reconocimiento como un acto simbólico y de presión global, aunque sin modificar la situación en el terreno.    

Por ejemplo, este 2025, el Reino Unido declaró que en septiembre reconocerá a Palestina como Estado, a no ser que Israel logre un progreso notable hacia la terminación de la violencia y permita la continuidad de la ayuda humanitaria a Gaza. Esta posición, más allá de ser exclusivamente británica, se manifiesta en Francia, Canadá y diversos países europeos.    

Para aquellos que reconocen a Palestina, actuar de esta manera representa un acto de equidad y un derecho incuestionable del pueblo palestino a la autogestión. Además, es un instrumento político para presionar a Israel a reiniciar las conversaciones y terminar con la ocupación y la violencia. Argumentan que negar ese reconocimiento perpetúa la injusticia y erosiona el orden internacional fundamentado en derechos y resoluciones de la ONU.    

Para aquellos que rechazan el reconocimiento bilateral, en particular Israel y sus aliados más sólidos, realizarlo de manera unilateral premia a grupos extremistas y debilita el proceso de negociación, amenazando la seguridad de la región. Adicionalmente, argumentan que, sin un consenso definitivo en torno a las fronteras y la seguridad, el reconocimiento resulta simbólico y perjudicial.

Desde el punto de vista legal, la discusión también es feroz: ciertos abogados argumentan que Palestina no satisface todos los requisitos de Estado establecidos en la Convención de Montevideo (territorio delimitado, gobierno eficaz, población constante y habilidad para establecer relaciones con otros Estados), mientras que otros argumentan que negar su reconocimiento perpetúa una anomalía histórica y política nunca vista.  

El otro aspecto poco explorado es qué países no reconocen el Estado de Israel. Aunque la mayoría del planeta lo hace, alrededor de 30 Estados mantienen una posición de firme rechazo a establecer relaciones diplomáticas plenas, de los cuales una parte, sobre todo en el mundo árabe-musulmán, nunca lo han hecho desde 1948.

Sin embargo, llama la atención la posición de varios países latinoamericanos -Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela y, a partir de este año, Colombia- que dejaron de reconocer a Israel y han optado por romper relaciones en protesta por sus políticas hacia Palestina.  

En el caso de Cuba y Venezuela, esta decisión viene de décadas de solidaridad con la causa palestina, mientras Bolivia y Nicaragua cortaron lazos en respuesta a conflictos recientes en Gaza. Colombia, por su parte, anunció la ruptura de relaciones en 2024 como represalia directa a lo que consideran crímenes de guerra de Israel en la Franja de Gaza. Estas posturas marcan una tendencia en América Latina: un alineamiento histórico con los ideales del anticolonialismo y el derecho internacional, en contraste con otros bloques aliados de Israel.  

La decisión de reconocer -o no- a Israel y Palestina tiene efectos que trascienden los documentos diplomáticos. Por un lado, refuerza alianzas, como la de Estados Unidos y la Unión Europea con Israel. Por otro, cataliza nuevas solidaridades Sur-Sur -Latinoamérica, África y Asia- en torno a Palestina.

La narrativa internacional también cuenta: reconocer a Palestina es, para muchos, un acto de desafío a la hegemonía estadounidense y una reivindicación de los principios que dieron nacimiento a la ONU tras la Segunda Guerra Mundial.

A nivel interno, muchos gobiernos actúan bajo la presión de la opinión pública, con protestas multitudinarias y, en algunos países, un legítimo afán de liderar la defensa de los derechos humanos, a riesgo de tensar relaciones con socios estratégicos.

Ni el reconocimiento o no reconocimiento de Palestina (y de Israel) son actos anodinos. Cada uno tiene efectos legales, políticos y éticos de largo alcance. La controversia seguirá mientras el conflicto no tenga una solución basada en la justicia, la seguridad y el respeto mutuo. Hasta entonces, la diplomacia, en vez de resolver, seguirá reflejando la profunda grieta de una comunidad internacional fragmentada entre el pragmatismo político y la defensa de los principios universales.

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