La denuncia se produce en un contexto de creciente preocupación por las políticas migratorias y de seguridad en El Salvador, especialmente bajo el Gobierno de Bukele, acusado de restringir derechos fundamentales.

Las autoridades de Estados Unidos incrementaron las deportaciones y en junio superaron el récord mensual en el número de vuelos de deportación.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue ampliado durante la Administración Biden hasta 2026. Trump manifestó intención de finalizarlo el 3 de agosto próximo pero lo extendió hasta febrero del año venidero.

Más de la mitad de los estadounidenses desaprueban las acciones dirigidas por la Casa Blanca contra la población migrante y las deportaciones masivas.

El estudio reveló que la aprobación cae al 38 por ciento en el manejo de deportaciones, y el 64 por ciento rechaza deportar indocumentados a países distintos al suyo.

La mandataria mexicana resaltó la contribución de los migrantes mexicanos y latinoamericanos a la economía de Estados Unidos.

El fenómeno ocurre en medio de una intensificación de las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump, cuyo gobierno ha priorizado la deportación de trabajadores en sectores como la agricultura, la construcción, la hotelería y los servicios.

Las consecuencias del endurecimiento migratorio ya se hacen sentir con crudeza: frutas y vegetales pudriéndose en los campos, restaurantes sin personal, hoteles colapsados y construcciones paralizadas.

Las personas migrantes enfrentan la violencia al ser arrestados, ya que son golpeados, maltratados y esposados.

El fallo permite acelerar deportaciones, suspender admisiones de refugiados y eliminar protecciones para más de 530.000 migrantes.