La investigación penal fue solicitada por delitos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, torturas y tratos inhumanos a personas protegidas, detención ilegal, violación del derecho a la asistencia humanitaria y actos de piratería o violencia en alta mar.

Miles de desplazados permanecen hacinados sin refugio ni asistencia en las áreas afectadas.

Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los venezolanos secuestrados en el centro de detención.