En vísperas de Fiestas Patrias, los trabajadores y organizaciones sociales en Perú anunciaron la continuidad de las marchas para exigir la renuncia de la presidenta.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos detectó 13 incumplimientos de sentencias, mientras el Congreso peruano impulsa una ley de amnistía y limita el acceso a la justicia internacional.

Hay casi 1,500 víctimas bajo el régimen de Dina Boluarte y poco enfrentamiento estatal.

El pasado 11 de julio otras protestas de mineros artesanales fueron reprimidas y dejaron un fallecido, y varios heridos de gravedad.

Reymundo sostuvo que el «impopular» incremento salarial no tiene relación con las tareas que ha llevado a cabo «con la poca o nula justificación» en la que se basa, sosteniendo que lo único que ha producido la administración actual es «división y crisis en diversos aspectos, siendo lo más relevante la álgida problemática de la inseguridad ciudadana».

El parlamentario Jaime Quito apuntó que a Boluarte solo le interesa saquear las arcas del Estado en beneficio personal.

La aprobación de la presidenta Dina Boluarte se ubica en un 3.6 por ciento, similar a los porcentajes alcanzados en mayo de 2024.

La cercanía entre el pueblo peruano y el nuevo pontífice destaca tras su estancia de más de tres décadas en el país andino, donde dejó una sólida huella de trabajo comunitario.

Mediante una carta, los familiares denunciaron la aprobación de la Ley APCI por el Congreso peruano, que, según la misiva, beneficia a militares implicados en violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2022 y 2023.

Varias organizaciones sociales y políticas en el país han criticado al Gobierno de Dina Boluarte y la gestión de los integrantes del Ejecutivo.