La decisión responde a la persecución registrada durante las protestas pacíficas que rechazan la Ley 462, la apertura de la mina de cobre en Donoso y la firma del memorándum de entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.

También rechazan la reapertura de la mina de cobre en Donoso y exigen la anulación del memorándum de entendimiento con EE.UU., lesivo a la soberanía nacional.

Cada vez más son los estudiantes trabajadores e indígenas que se revelan al régimen de Mulino y su escalada represiva.

El arresto de las líderes indígenas ha sido calificada como arbitraria y una clara vulneración de los derechos de los pueblos originarios.

Los gremios magisteriales de Panamá mantienen una huelga indefinida iniciada el 23 de abril en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), en un contexto de crecientes represalias gubernamentales.

Como primeras acciones, los gremios convocan a una gran marcha nacional el 28 de mayo de 2025, que partirá desde el Parque Porras hacia la Asamblea Nacional, donde se entregará un anteproyecto de derogatoria de la ley.

Horas atrás, el Ejecutivo de Mulino canceló la personería jurídica de la cooperativa de servicios de Suntracs por presuntas violaciones a normas financieras para prevenir el lavado de dinero.

Los sindicatos se acercan a los 30 días de huelga y piden la derogación de la Ley 462, la anulación del memorándum vende patria, eliminación total de la minería, el respeto a la comunidades del Río Indio, y la recuperación de los derechos humanos.

La persecución del Gobierno contra líderes de las protestas no cesa.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) de Panamá condenó la detención arbitraria de tres de sus dirigentes.